El fomento al cine argentino sigue en discusión. En diciembre de 2025, integrantes del Consejo Asesor del INCAA dejaron asentado en un acta oficial un reclamo por la ejecución del Fondo de Fomento, la participación de las regiones y la previsibilidad de las políticas para 2026. Es un dato relevante: el desacuerdo no circula únicamente en declaraciones públicas, sino que aparece en el registro de un órgano del propio instituto.
El Consejo cuestionó la colocación, según su declaración, de más de 37 mil millones de pesos del fondo en instrumentos financieros mientras la actividad atravesaba dificultades. Se trata de una denuncia de sus representantes, consignada en el acta, y no de una comprobación independiente de este medio. Los mismos consejeros pidieron un plan con plazos y recursos claros, además de información sobre cómo se toman las decisiones. La pregunta de fondo sigue vigente: ¿qué condiciones hacen posible filmar con continuidad?
De una película en cartel a la discusión pública
El debate llegó también a una mesa televisiva. El 19 de septiembre, en La noche de Mirtha, conducida por Juana Viale, Guillermo Pfening y Martín Menem discutieron sobre el financiamiento cinematográfico. La conversación empezó cuando la conductora le preguntó al actor por el estreno de Romeo y Ofelia, de Gustavo Postiglione, en la que participa. Pfening planteó que esa producción había recibido apoyo del INCAA y lo describió como uno de los últimos casos de ese esquema; esa caracterización corresponde a su intervención y no establece por sí sola que no haya habido otras películas asistidas posteriormente.
Menem defendió que quienes consumen cine paguen por él y cuestionó que el Estado destine recursos a películas que no alcanzan a todo el público. Pfening respondió que el organismo cuenta con recursos vinculados a la actividad cinematográfica y sostuvo que el criterio de audiencia no debería decidir por completo qué se filma: defendió la diversidad cultural y recordó que una producción moviliza trabajo en vestuario, transporte, gastronomía y equipos técnicos. El intercambio puso sobre la mesa dos preguntas distintas: de dónde salen los recursos y qué objetivos debe cumplir su distribución. Romeo y Ofelia apareció así como una película concreta desde la cual discutir una política general, sin que su suerte agote el panorama de la producción argentina.
San Sebastián, Fonzi y la respuesta de Pirovano
Unos días después, desde el Festival de San Sebastián, Dolores Fonzi volvió a plantear el problema. Durante la presentación de Mis muertos tristes, la serie de Pablo Larraín en la que actúa, calificó de «pésimo» el presente del financiamiento cultural argentino. Afirmó que la falta de respaldo dificulta las coproducciones internacionales y que los proyectos quedan cada vez más dependientes de las plataformas. Extendió su crítica a los libros y el teatro y vinculó la política cultural con la memoria y la identidad.
Carlos Pirovano, presidente del INCAA, rechazó ese diagnóstico en una entrevista con Radio Mitre. Aseguró que el instituto otorgaba en 2026 cinco veces más apoyos que en 2023 —25 millones de dólares frente a cinco millones, según las cifras que él presentó—, citó convenios con Paraguay, Brasil e Italia y sostuvo que para acceder a subsidios debe acreditarse audiencia. También descalificó personalmente a Fonzi. Las cifras, el alcance de los convenios y la comparación entre años son afirmaciones de Pirovano: para evaluar su efecto sobre los rodajes harían falta, además, datos comparables sobre ejecución, pagos, películas terminadas y diversidad de proyectos.
El desacuerdo entre Fonzi y Pirovano no se resuelve contando cuántos estrenos hubo en un año: varias películas estrenadas hoy se iniciaron con anterioridad, mientras que una convocatoria reciente tarda en traducirse en una obra terminada. Tampoco alcanza con invocar al público para zanjar la discusión sobre películas pequeñas, documentales o cine producido lejos de los grandes centros. El cruce televisivo y el intercambio desde San Sebastián vuelven visible la misma cuestión que se discutió en el Consejo Asesor: cómo se sostienen, a la vez, el acceso del público, el trabajo audiovisual y la variedad de voces que pueden llegar a filmar.
Convocatorias y planificación
En la misma reunión, funcionarios del INCAA expusieron un calendario de concursos para 2026 que incluye proyectos regionales, primeras y segundas películas, documentales, series y posproducción. La presidencia del organismo sostuvo allí que existe un presupuesto de base para cumplirlo y defendió una administración prudente de los fondos. El instituto ha publicado convocatorias y resoluciones posteriores. Por eso, describir la situación como una ausencia absoluta de ayudas borraría una parte verificable del cuadro.
La discrepancia se instala en otra escala. Los representantes del sector preguntaron por las bases de los concursos, los montos destinados al documental, los mecanismos de selección, los créditos y la distribución, y solicitaron información para planificar más allá de un llamado aislado. Para una productora, una cooperativa o un equipo técnico, anunciar un premio no equivale todavía a disponer de un horizonte de trabajo: hace falta saber cuándo abre, cuándo se decide, cómo se cobra y qué ocurre con los proyectos que no entran en ese casillero.
Una película puede llevar años entre escritura, búsqueda de socios, rodaje, montaje y estreno. Quien organiza ese proceso necesita cierta previsibilidad para sostener contratos, reservar equipos y reunir aportes. Si los instrumentos cambian de manera abrupta, la incertidumbre se traslada a todos los oficios del cine. La discusión sobre el fomento se vuelve así una discusión sobre el tiempo de producción, y no solo sobre la cifra que aparece en un presupuesto.
El mapa fuera de Buenos Aires
El reclamo federal merece una lectura concreta. En Rosario, Córdoba, Mendoza o el nordeste, filmar supone convocar intérpretes y técnicos de la zona, resolver locaciones, transporte, posproducción y circulación en salas. Que exista una línea «regional» importa, pero también importan sus condiciones: quién puede presentarse, cuánto cubre del costo real de una película y qué oportunidades quedan para los proyectos que no responden a un formato prefijado. Una política de cine nacional se mide también por su capacidad para hacer visibles historias y modos de trabajo nacidos en distintos territorios.
La realizadora Andrea Testa planteó en el Consejo una preocupación específica por el documental digital: sostuvo que el monto anunciado resultaba insuficiente para la producción de un largometraje y pidió aclarar si esa vía se concebía como desarrollo o como producción. El debate muestra el riesgo de medir toda película con la misma vara económica. El documental, la animación, la ficción pequeña y los proyectos de gran público necesitan herramientas distintas; el modo de diseñarlas influye en qué películas llegan a existir.
El fomento también llega hasta la sala
El financiamiento de un rodaje es solamente una parte del recorrido. Si faltan herramientas para distribución y exhibición, una película terminada puede encontrar pocas funciones o una circulación limitada a festivales. Esa preocupación apareció en las preguntas del representante regional Juan Buono Repetto durante la reunión: además de los concursos, pidió precisiones sobre exhibición, distribución y créditos. La conversación se enlaza con otro problema abordado en nuestro informe sobre espectadores y producción: una cinematografía necesita hacer películas y encontrar público para ellas.
En ese punto conviven visiones distintas. Las autoridades ponen el acento en concursos definidos y cautela presupuestaria; parte de la comunidad audiovisual exige ejecución, diálogo institucional y un sistema que sostenga el trabajo a lo largo del año. Evaluar la política exige seguir las convocatorias hasta sus resultados efectivos, escuchar a quienes filman dentro y fuera de la capital y observar cuántas obras consiguen terminarse y estrenarse. El debate persiste porque de esas decisiones depende la variedad del cine argentino que veremos en los próximos años.